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No todo vale en Internet
La Brigada de Investigación Tecnológica perteneciente al Cuerpo Nacional de Policía, ha concluido el pasado miércoles día 5 de abril, una operación en Internet contra el intercambio ilegal de archivos, de la que resultó la clausura de un total de 17 páginas, así como la detención de 15 personas en distintos puntos de España.
Según fuentes policiales estamos ante la operación policial de más importancia que se hace en Europa, dentro de la lucha contra la piratería en el entorno digital.
La operación, bautizada como "Descargas en la Red", ha supuesto por el momento la detención de quince personas en Madrid, Puerto de Sagunto, Bilbao, Ponferrada, Mataró, Sant Adriá del Besós, Zaragoza, Palma de Mallorca, Alicante y Santa Cruz de Tenerife, a las que se ha imputado un delito contra la propiedad intelectual, así como la comisión de un presunto delito de obstrucción a la Justicia.
La totalidad de las páginas investigadas se encontraban alojadas en servidores propios o alquilados en países extranjeros, lo que da a la misma la etiqueta de acción internacional. No obstante todas eran gestionadas desde España por los detenidos mediante simples contraseñas y claves de usuario.
Según la Policía, puede iniciarse ahora un efecto dominó, ya que a raíz de esta operación se ha constatado el cierre de numerosas páginas de similar temática y estructura.
Todas estas páginas, a través de la práctica comercial conocida como "hosting por publicidad", facilitaban la descarga ilegal de archivos protegidos por los derechos de propiedad intelectual desde programas peer to peer como Emule o Bittorrent a través de distintos medios.
Las investigaciones de la que es fruto esta operación, fueron iniciadas en octubre de 2005, gracias a las denuncias interpuestas por distintas entidades de gestión de derechos. La Sociedad General de Autores y Editores, a través de la Oficina de Defensa de la Propiedad Intelectual, denunció un total de 6 de las páginas webs clausuradas. El resto de las acciones policiales surgieron tras la denuncia de otras entidades como Federación para la Protección de la Obra Audiovisual (FAP) y la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI).
La citada operación policial evidencia que la difusión de contenidos protegidos a través de los conocidos sistemas de intercambio de archivos peer to peer (p2p), lejos de ser algo legal, esconde en realidad la comisión de auténticos delitos.
Es muy importante resaltar que la operación policial no se da por cerrada y que sin duda en breve se espera la continuación de la misma con el cierre de nuevas páginas y la detención de más responsables, ya que son varias las personas que como consecuencia de las gestiones policiales, están siendo investigadas.
Esta actuación policial, pionera a nivel europeo, se ha dirigido contra unas páginas web que han sido visitadas en más de 615.000.000 ocasiones, lo que evidencia la magnitud de la operación. Tal volumen de visitas proporcionaba a los administradores de las páginas ingresos derivados de los espacios publicitarios y enlaces contratados con empresas líderes en el sector del marketing de ámbito nacional e internacional.
La citada publicidad, referida principalmente a casinos virtuales, contenidos pornográficos de pago o tiendas virtuales de productos informáticos, en muchos casos propiedad de las mismas personas responsables de los "sites" de intercambio, proporcionaba a los detenidos ingresos medios estimados en cerca de 1 millón de euros según las citadas fuentes. Ello demuestra que aquello que muchos proclaman a voces como "gratuito" es en realidad un gigantesco negocio que genera importantes beneficios, basados eso sí en el impago a quienes son los legítimos dueños de esos contenidos, es decir, basados en la burla de los derechos de autor.
Según el Centro de Investigación del Entretenimiento y la Cultura (CIEMC), en el año 2003 se realizaron un total de 180 millones de descargas ilegales de archivos musicales en la Red. En el año 2004 la cifra aumentó hasta los 270 millones, lo cual supuso un el reconocimiento expreso de que estabamos ante una situación muy grave. Pero la cifra conocida del último año ha hecho palidecer las anteriores. 508 MILLONES DE DESCARGAS ILEGALES son las que estima el CIMEC, se han realizado en el año 2005 en nuestro país. Por otra parte el Ministerio del Interior recuerda que el daño causado en España por la piratería ha adquirido proporciones únicas en Europa, constituyendo actualmente las "descargas ilegales" a través de Internet la mayor amenaza en la protección de los derechos de propiedad intelectual. De hecho, según Interpol, la falsificación se ha convertido en uno de los negocios "más lucrativos". Así en los últimos años, las copias ilegales han movido en el mundo 600. 000 millones de dólares y ha supuesto un 7 por ciento del comercio global.
Todo esto había generado en nuestro país la falsa creencia de que en Internet todos los contenidos debían ser gratuitos. Así muchos jóvenes, y no tan jóvenes, pagaban lo necesario sin rechistar para tener el último ordenador disponible, y además contrataban la mejor banda ancha por el precio estipulado sin discutir un céntimo y como no puede ser de otra forma pagaban también religiosamente el recibo de la luz por la electricidad que ese ordenador consumía. Y todo lo hacían con un único fin, tener conectado 24 horas al día el ordenador para la descarga de contenidos, de música y cine de lo que se consideran entusiastas seguidores. Y cuando les preguntas por el precio que pagan por ello, se llevan las manos a la cabeza, "eso es gratis" protestaban, "todo el mundo lo obtiene gratis".
Transportando esta situación al mundo físico, es como si esas mismas personas fueran amantes de la conducción y como tanto les gusta conducir, repostasen siempre gasolina super 98, la más cara y sin discutir un céntimo del precio. Y además contratasen y pagasen sin más, el mejor y más completo de los seguros. Por supuesto siempre utilizarían peajes y garajes de pago sin debatir nunca sobre su coste. Pero al ser preguntados por el coche, lo que realmente les produce el placer de conducir, al preguntar por el objeto final de su deseo, por el precio que pagan por ello, se llevasen las manos a la cabeza diciendo "eso es gratis", "todo el mundo lo obtiene gratis cogiéndolo de la calle".
Pues viene a ser más o menos lo mismo. La única diferencia está en los bienes ,uno es material y está en el mundo off line, y otro es intangible y está en el mundo on line, pero por los dos debemos pagar. Para la obtención del producto final es imprescindible en los dos casos asumir unos costes, hacer una inversión y desde luego el producto final en ningún caso puede ser gratuito, por más que los que hacen un negocio con el robo de los coches así lo manifiesten.
Desde luego en el caso de la operación "Descarga" y según las fuentes policiales, los detenidos no hacía un uso "gratuito" de los contenidos. Era un negocio que les reportaba al mes cientos de miles de euros, por más que el consumidor final pensará que todo era gratuito, sin ánimo de lucro. Claro que este mismo consumidor final comprenderá también que no es gratuito si se mira el bolsillo y calcula lo que le ha constado el cine o la música que ahora tiene en su ordenador, después de pagar acceso a la Red entre otras cosas. Desde luego no se puede decir que haya sido gratis por mucho que hayamos logrado burlar el pago debido al autor de la obra. La habremos conseguido "robar", pero no habrá sido gratis.
Todo lo anterior confirma lo que desde hace tiempo conocíamos, los intercambios de archivos protegidos en la Red a través de los sistemas p2p, son absolutamente ILEGALES. Ahora vemos que en muchos casos también son delictivos. Y es que dicho intercambio, que alguno calificaba como de "colega a colega" o de "punto a punto", es en realidad una puesta a disposición, indiscriminada e incontrolada, de archivos protegidos a millones de usuarios, sin la autorización debida del titular del contenido que se difunde. El realizar dicha conducta escondido en el ámbito más íntimo y privado de nuestro domicilio no la convierte en lícita y prueba de ello han sido las detenciones realizadas por la policía en la operación descrita, que recordemos surge por la difusión indiscriminada e incontrolada de dichos archivos protegidos.
Es ahora evidente que las aseveraciones vertidas al respecto para la justificación de la licitud del hecho como que "lo hace todo el mundo", o que "no se puede poner un policía detrás de cada ordenador", no tienen ninguna validez. El cierre de las páginas antes citadas así como la detención de los responsables llevadas acabo en la operación "Descargas en Red" así lo demuestra. Demostración que no puede ser de otra forma en un Estado de Derecho como el nuestro, donde por encima de la Ley no podemos colocar a nadie, aunque estos sean multitud y no salgan de sus casas.
Y es que como decía Freud, "se comienza cediendo en las formas y se termina claudicando en el fondo". Debemos llamar a las cosas por su nombre y "peer to peer", no es intercambio entre colega y colega o de punto a punto, es puesta a disposición, sin la debida autorización, de archivos protegidos a millones de usuarios absolutamente desconocidos para el oferente y eso es sin duda ILEGAL y no puede estar amparada la acción por ninguno de los subterfugios inventados al respecto y que hablaban de la "copia entre amigos" o el "acto privado" como elementos de justificación. Estas acciones son ilegales en España y fuera de España según se establece en el derecho comparado, incluso en las antípodas de nuestro país, donde el programa Kazaa ha sido declarado recientemente ilegal, al entender que el mismo tiene como fin fundamental promover y facilitar el intercambio ilícito de archivos en la Red. Además como ahora nos apostilla la policía, muchas conductas al respecto serán además de ilegales también un delito, que como establece el Código penal puede tener aparejadas penas privativas de libertad de hasta 4 años de prisión.
Todos sabemos que el delincuente siempre camina unos metros por delante de la Justicia e incluso en ocasiones de la Sociedad. En el entorno digital esos metros de ventaja se vuelven kilómetros. Esperemos que la citada acción policial sirva también para recortar esas distancias. Esperemos que además de la detención de las personas que resulten responsables de la comisión de ciertos delitos, la acción policial sirva también para concienciar más al ciudadano de la necesidad de hacer un uso responsable de Internet. Sí queremos música, cine... , si queremos contenidos, debemos empezar por cuidarlos y para ello basta con respetar los derechos de propiedad intelectual relativos a los mismos. Ese respeto debe hacerse tanto en el entorno físico o tradicional, como en el digital, en Internet
Manuel de Benito Ariza
Jefe de Oficina de Defensa de la Propiedad Intelectual
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